Denuncian en la Armada un presunto esquema de corrupción por $1.600 millones en la liquidación de sueldos

Un mecanismo de liquidación de haberes puede quedar expuesto cuando las irregularidades dejan de ser excepcionales y se vuelven rutina. Ese parece haber sido el desencadenante de una denuncia que estremece a la Armada Argentina y que concentra la atención sobre cómo la fuerza procesa los salarios de su personal.

La presentación, ya radicada en la Justicia Federal, reúne los testimonios de siete oficiales y describe presuntas maniobras que incluirían pagos indebidos, supuestos retornos, manipulación de códigos correspondientes a personal retirado y hasta la utilización de identidades inexistentes o desactualizadas. También aparecen mencionadas las agregadurías militares en el exterior.

A partir de testimonios y documentación vinculada al caso, la presunta operatoria se habría desarrollado desde 2022 en el área encargada de liquidar los salarios y podría involucrar a unas 25 personas, entre oficiales y civiles. El fraude denunciado alcanzaría unos $1.600 millones por cobros irregulares de sueldos y retornos vigentes desde ese año. El esquema operaba liquidando haberes a personal retirado o dado de baja con ayuda de civiles y jefes, y estalló cuando una teniente se negó a pagar un retorno exigido. El Juzgado Federal N.º 2 investigará a los implicados y auditará el área financiera para determinar responsabilidades penales y fallas en los controles del Estado.

Según informaron fuentes de la Armada, la trama habría comenzado a quedar al descubierto cuando una teniente se negó a recibir un suplemento que, según el testimonio, debía ser parcialmente devuelto.

“Todo explota porque quisieron meter en este círculo de corrupción a una teniente, que como es honesta dijo que no”, sostuvo la fuente. Según su relato, la negativa habría generado presiones de superiores y derivado finalmente en una denuncia interna. A partir de ese episodio comenzaron a surgir testimonios sobre presuntas irregularidades en la liquidación de haberes.

Uno de los principales señalamientos apunta a la continuidad de pagos correspondientes a personas que habían sido dadas de baja o pasado a retiro. “Desde 2022 se realizaban falsas liquidaciones de códigos, de personal retirado y códigos que le liquidan a oficiales en actividad que no le correspondían. Todo, obviamente, con retorno incluido”, afirmó una fuente de la Armada.

Algunos pagos salariales habrían continuado luego de la desvinculación del personal. Parte de esos fondos, de acuerdo con los denunciantes, habría terminado en cuentas particulares.

Uno de los testimonios aportados a la investigación describe una modalidad que habría permitido inflar los montos solicitados para el pago de haberes. “Aquellos que se iban de baja o retirados elevaban el número de CUIL a Defensa, solicitando, por ejemplo, U$S40.000 para pagar los sueldos cuando en realidad eran U$S30.000, ya que U$S10.000 se habían dado de baja. Ese restante se lo repartían entre los implicados”, relató uno de los denunciantes.

Siempre según ese testimonio, la Armada enviaba al Ministerio de Economía los números de CUIL utilizados para solicitar los fondos destinados al pago de salarios, lo que habría dificultado detectar inmediatamente las bajas.

La magnitud económica denunciada es uno de los aspectos centrales del expediente. Uno de los testimonios que sustentan la presentación judicial sostiene que una de las modalidades consistía en retener un porcentaje de los montos liquidados de manera indebida. “Estamos hablando de una estafa de alrededor de $1.600 millones”, afirmó uno de los denunciantes.

La cifra forma parte de las acusaciones que deberán ser investigadas y eventualmente corroboradas por la Justicia.

Dentro de la fuerza señalan que la presunta operatoria no habría involucrado únicamente a personal militar. Según uno de los testimonios, civiles que trabajaban en el área de liquidación de haberes habrían tenido a su cargo la carga de determinados suplementos, mientras que los superiores eran quienes posteriormente los autorizaban o firmaban.

“Eran los civiles del área de liquidación de sueldos los que cargaban los suplementos y los jefes firmaban”, sostuvo una fuente vinculada a la investigación.

El mismo testimonio menciona supuestos retornos vinculados con suplementos especiales, como los correspondientes a tareas de buceo, y con fondos asociados a personal que ya había sido dado de baja. Por el momento, las responsabilidades individuales y el alcance de la presunta maniobra son materia de investigación.

Desde la Armada confirmaron que la denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal N.º 2, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se determinen las eventuales responsabilidades.

La fuerza señaló que el procedimiento busca “garantizar el debido proceso y el esclarecimiento de la situación”.

La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, si existieron efectivamente liquidaciones irregulares, quiénes participaron de ellas, qué mecanismos de control fallaron y cuál fue el destino de los fondos cuestionados.

En el interior de la Armada, parte de la atención está puesta sobre los Servicios Financieros de la fuerza, mencionados en los testimonios como un área clave dentro de la operatoria denunciada.

Los oficiales consultados también plantearon que la investigación debería extenderse más allá del grupo inicialmente señalado e incluir a quienes eventualmente hayan recibido suplementos que no les correspondían.