Malvinas: el Ejecutivo impulsa denuncias penales y estudia ampliar las sanciones
La Casa Rosada prepara nuevas acciones judiciales contra compañías británicas que operan hidrocarburos sin autorización en el archipiélago. Al mismo tiempo, analiza extender el régimen sancionatorio a la pesca ilegal mediante una ley en elaboración.
El Ejecutivo nacional confirmó que iniciará denuncias penales contra empresas e individuos vinculados a actividades hidrocarburíferas no autorizadas en las Islas Malvinas. La Oficina del Presidente lidera la iniciativa, que persigue tanto a las compañías como a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan participado en decisiones operativas. Con ese esquema, busca someter a responsabilidad penal a quienes infrinjan la soberanía argentina sobre el archipiélago y la plataforma continental.
La ofensiva judicial alcanzará a cinco firmas británicas: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited. Parte de las gestiones ampliará expedientes en curso; otras abrirá causas nuevas. La medida se suma a la denuncia penal que este lunes presentaron la Cancillería —encabezada por Pablo Quirno— y la Procuración del Tesoro contra otras cinco empresas del megaproyecto petrolero Sea Lion.
En los últimos días, el Poder Ejecutivo intensificó las sanciones vinculadas al caso. Antes, el presidente Javier Milei condujo una cadena nacional para advertir sobre los riesgos del avance de las perforaciones hidrocarburíferas en la zona. Hasta ahora, investigaciones y trámites administrativos de las autoridades nacionales ya involucran a 60 personas físicas y jurídicas bajo investigación por presuntas infracciones a la normativa vigente.
El respaldo normativo de la Casa Rosada es la Ley 26.659, sancionada en 2011. La norma impide de manera taxativa que personas físicas o jurídicas realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin habilitación expresa de las autoridades competentes. Las infracciones pueden derivar en inhabilitaciones administrativas y comerciales de entre 5 y 20 años. Para acelerar esos procedimientos, el Ejecutivo publicó recientemente el Decreto 868/2026 en el Boletín Oficial.
Junto con las denuncias judiciales, el Gobierno acelera la elaboración del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En ese trabajo, las autoridades estudian extender el régimen sancionatorio a otras áreas económicas estratégicas, con foco en la pesca. La propuesta responde a reclamos de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp), que exige aplicar el mismo rigor punitivo a las licencias de pesca ilegales que el Reino Unido otorga desde hace décadas en el Atlántico Sur.
El endurecimiento de penas y la extensión de prohibiciones a nuevos sectores empresariales se trató en la última reunión de la mesa política oficialista. Las posibles modificaciones legales podrían integrarse al texto definitivo de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que hoy atraviesa las instancias finales de revisión técnica bajo la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy.
