Presupuesto 2027: Bullrich propuso correcciones y mejoras a reformas a la Ley de Discapacidad

Patricia Bullrich cuestionó las reformas que el Gobierno incluyó en la Ley de Emergencia en Discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027 y admitió que no tenía conocimiento de esas modificaciones. "No estaba enterada, tenemos que corregir eso", sostuvo la titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, quien manifestó su disconformidad por la ausencia de información al interior del oficialismo.

"Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos", expresó la senadora.

Bullrich indicó que el proyecto ya se analiza en comisiones de la Cámara de Diputados y recordó que existía un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para debatir la normativa.

"El tema está en comisiones de Diputados, había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo. Veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión", afirmó.

La jefa del bloque oficialista en el Senado reiteró que desconocía el contenido de las modificaciones y cuestionó el impacto político de que una iniciativa de estas características llegara al Congreso sin haber sido debatida previamente en la mesa política del Gobierno.

"No nos enteramos, es la verdad, yo digo la verdad. Eso es un tema, cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir... Uno llega al Congreso y te dicen: 'Nos estás engañando'. Yo no sabía", relató.

"O quedás como un tonto, o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas", agregó.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en 2025 con el objetivo de actualizar el nomenclador utilizado para determinar los valores que el Estado reconoce por prestaciones y terapias destinadas a personas con discapacidad, en un contexto de fuerte desfasaje entre esos aranceles y la inflación.

El Ejecutivo había vetado la norma, pero el Congreso insistió con su aprobación y logró que fuera promulgada. Ante el vencimiento previsto para diciembre próximo, la oposición impulsa una prórroga para evitar que el régimen quede sin vigencia.

El texto incluido en el Presupuesto 2027 introduce modificaciones sustanciales al esquema vigente. Entre ellas, elimina el artículo 7 bis, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores de acuerdo con la inflación.

También altera el funcionamiento del nomenclador único. En lugar de fijar un valor universal para las prestaciones, el nuevo esquema permitiría que cada obra social o empresa de medicina prepaga determine sus propios aranceles.

Otra de las reformas previstas es la sustitución del criterio de discapacidad basado en el modelo social y de derechos humanos por un concepto vinculado a la "invalidez laboral". Además, el proyecto elimina al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a las pensiones y establece una incompatibilidad absoluta entre el cobro de una pensión por discapacidad y el desarrollo de una actividad laboral.

Ayer se realizó un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso la noche anterior.

El debate también dejó al descubierto diferencias dentro de La Libertad Avanza. Las diputadas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado venían trabajando en una iniciativa propia para modificar el sistema vigente, pero ese proyecto quedó en tensión con los cambios incorporados por el Ejecutivo en el Presupuesto.

Las modificaciones también generaron cuestionamientos entre algunos de los bloques aliados al Gobierno. Legisladores del PRO, la UCR e Innovación Federal advirtieron que la propuesta "cambia completamente la discusión".

Desde el PRO plantearon como puntos centrales la continuidad de la actualización automática del nomenclador y el pago de la deuda acumulada con los prestadores, que supera los $340.000 millones, según estimaciones citadas durante el debate.

Por su parte, desde Provincias Unidas señalaron los posibles efectos legales de que la emergencia en discapacidad pierda vigencia sin que el Congreso apruebe una prórroga. El plenario de comisiones no alcanzó un dictamen y se convocó a una nueva reunión informativa para el 23 de septiembre, con el objetivo de avanzar en un texto consensuado antes del vencimiento del régimen previsto para fin de año.