Tras la apertura del mercado eléctrico, las pymes industriales reportan facturas hasta cuatro veces más altas

Las pequeñas y medianas industrias cuestionaron el nuevo régimen de comercialización de electricidad impulsado por el Gobierno nacional y advirtieron que, en numerosos casos, el cambio se tradujo en incrementos de hasta 300% en las facturas de luz desde noviembre, vinculados a la liberación del mercado energético oficial.

Industriales Pyme Argentinos (IPA) formalizó la denuncia y alertó por facturas que llegaron a multiplicarse por cuatro, por incumplimientos en contratos de abastecimiento y por un endeudamiento creciente que, según la entidad, amenaza la continuidad de la actividad productiva. Al mismo tiempo, la organización reclamó una mesa de diálogo urgente con el Ejecutivo para revisar los costos y evitar que las deudas comprometan la producción.

El esquema entró en vigencia el 1° de noviembre de 2025 con la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía. La medida redujo el rol de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) como eje del sistema e impulsó contratos directos entre generadoras, grandes consumidores y distribuidoras: un giro abrupto después de casi tres décadas bajo el modelo anterior.

Para IPA, el cambio de modalidad golpeó con fuerza los costos de las pymes. La entidad relevó situaciones en las que las facturas eléctricas se cuadruplicaron. El conflicto no se limita a quienes quedaron fuera de acuerdos mayoristas: entre las empresas que sí celebraron contratos como consumidores mayoristas, algunas empezaron a recibir cargos adicionales que elevaron el costo final de la energía hasta valores cercanos al doble de lo fijado en los pactos originales.

Sobre un universo estimado en unas 6.000 empresas alcanzadas por la nueva normativa, alrededor de 800 habrían concretado contratos de abastecimiento. Desde la entidad también reprocharon la rapidez de la implementación, al entender que la transición debía ser gradual, ordenada y previsible, pero que en la práctica no se cumplieron esos objetivos.

Uno de los focos del reclamo son las brechas entre lo acordado en los contratos y lo que figura en las facturas. “Hacemos contratos y terminamos pagando la energía hasta el doble de lo que pactamos. Alguien tiene que intervenir. No interviene nadie y consideramos que estamos siendo estafados”, señalaron desde la conducción de IPA.

La entidad vinculó parte de las dificultades a la escasez de información y de asistencia técnica para que las pymes se adapten a un mercado más complejo y con nuevas formas de contratación. Ante ese panorama, IPA pidió al Gobierno nacional que convoque de manera urgente a una mesa de diálogo con los actores del mercado eléctrico, con el fin de revisar las diferencias entre valores contractuales y costos efectivamente trasladados a las empresas y de analizar mecanismos que impidan que el alza energética afecte la producción y la situación financiera de las industrias pyme.