Indemnización colectiva en Argentina: Apple pagará hasta US$ 40 por iPhones ralentizados

La compañía Apple deberá resarcir en Argentina a consumidores cuyos iPhone perdieron rendimiento tras ciertas actualizaciones del sistema operativo, en el marco de un acuerdo judicial ya homologado. La causa colectiva la impulsó la asociación Acción del Consumidor (ADELCO); el pacto prevé un fondo de hasta unos U$S 3.000.000 y pagos individuales de hasta US$ 40 por equipo que cumpla los requisitos.

El conflico judicial nació de una demanda presentada el 4 de febrero de 2020 ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21, Secretaría Nº 42. ADELCO denunció que las versiones iOS 10.2 e iOS 11.2 —y actualizaciones posteriores instaladas antes del 21 de diciembre de 2017— habían degradado el funcionamiento de terminales antiguos sin que los usuarios recibieran información clara sobre esos efectos. Tras el fallo que obligó a la empresa a reparar al colectivo afectado, Apple creará el fondo millonario; quienes hayan sufrido la ralentización podrán verificar su caso mediante formularios y cobrar el reembolso correspondiente.

El convenio cerró el litigio bajo la carátula “Acción del Consumidor - ADELCO c/ Apple Inc. s/ ordinario”, expediente COM 285/2020. La Justicia comercial homologó el pago y fijó un beneficio máximo de US$ 40 por cada teléfono elegible, aunque el importe efectivo dependerá de cuántas solicitudes resulten aprobadas dentro del pozo global de US$ 3.000.000. Apple no reconoció falta, culpa ni responsabilidad al cerrar el trato, pero aceptó el pacto para evitar la prolongación del juicio.

Solo califican los aparatos en los que se registró un deterioro del funcionamiento mientras corrían iOS 10.2 o una variante posterior anterior al 21 de diciembre de 2017. Entran iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación, iPhone 7 e iPhone 7 Plus. En los modelos 7 y 7 Plus, la condición exige haber usado iOS 11.2 o una actualización posterior, también con anterioridad a esa fecha límite.

Desde el lado técnico, la firma sostuvo que la administración del rendimiento buscaba evitar apagados inesperados en unidades con baterías degradadas. Entre los síntomas que podían notar los usuarios aparecían la apertura más lenta de aplicaciones, menor velocidad al desplazarse por la pantalla, reducción de la tasa de cuadros, menor brillo y menor volumen del parlante. ADELCO, en cambio, enfatizó en su presentación legal los impactos sobre la fluidez sin aviso suficiente; Apple rechazó las alegaciones.

Poseer uno de esos modelos no basta para acceder al cobro: el acuerdo homologado exige cumplir condiciones adicionales. Define como "Usuarios Argentinos" a personas físicas o jurídicas con residencia en el país al 4 de febrero de 2020 —día en que se inició la causa colectiva— que hayan adquirido alguno de los productos elegibles. La regla alcanza a dueños actuales y anteriores; no es obligatorio conservar el smartphone, pero sí presentar el número de serie, el código IMEI o el MEID del equipo.

Quedarán fuera quienes residían fuera de la Argentina al inicio de la causa, directivos, empleados y representantes legales del gigante informático, quienes obtuvieron el teléfono mediante sus empleadores y quienes ya cuenten con sentencias firmes por reclamos individuales sobre el mismo asunto.

El trámite será íntegramente digital por una plataforma web única (acuerdosmartphones.com.ar). Cuando se anuncie formalmente la "Fecha de Implementación", se abrirá una ventana de seis meses corridos para cargar documentación: datos personales, número de serie y una declaración jurada digital. Un administrador independiente revisará cada caso; ante inconsistencias o datos incompletos, otorgará 20 días hábiles para corregir.

En cuanto al desembolso económico, el tope es de US$ 40 por celular validado, pero la cifra final quedará supeditada al volumen total de solicitudes aprobadas dentro del fondo de US$ 3.000.000. Los pagos se acreditarán en la cuenta bancaria que informe cada beneficiario, hasta 90 días hábiles después de que la revisión final y los cálculos reciban el aval judicial definitivo. Si tras la liquidación sobran fondos, el convenio dispone donarlos al Hospital Garrahan. El acuerdo se interpreta como un precedente relevante para los consumidores locales frente a grandes compañías tecnológicas, dado que canaliza miles de reclamos en un solo procedimiento con reglas claras de elegibilidad y plazos.