Buenos Aires exige a Londres cesar Sea Lion en Malvinas y prepara arbitraje ante el tribunal del mar

La administración argentina requirió formalmente al Reino Unido que interrumpa la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, con foco en el proyecto Sea Lion, y advirtió que, si Londres no atiende el pedido en un plazo de dos semanas, llevará el conflicto al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

Desde la Oficina del Presidente se comunicó que Javier Milei dispuso que la Cancillería y los equipos jurídicos del Ejecutivo den curso al procedimiento de arbitraje previsto en el "Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar)". El propósito declarado es bloquear la explotación hidrocarburífera a través de Sea Lion y frenar otras iniciativas sobre recursos naturales en la plataforma continental que Argentina reclama como propia.

“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X al difundir el comunicado oficial. En ese mismo post calificó la actividad como un “saqueo ilegal de nuestros recursos”.

Para el Gobierno, el Reino Unido sostiene un “accionar ilegítimo” en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes. La explotación unilateral de recursos naturales en esas áreas, desde la óptica argentina, vulnera el derecho internacional y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable” a los derechos soberanos que el país invoca. En consecuencia, intimó a Londres a adoptar, dentro de las próximas dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades orientadas a la explotación de hidrocarburos. De no cumplirse, el Ejecutivo solicitará al TIDM medidas provisionales para preservar los derechos que reivindica sobre su plataforma continental.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un órgano judicial independiente creado por la Convemar y está habilitado para dirimir controversias sobre la interpretación y aplicación de esa convención.

La Casa Rosada apoyó la línea en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 2065 reconoció la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, e instó a ambos Estados a una solución pacífica mediante negociaciones. La 31/49, por su parte, exhortó a abstenerse de decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras siga el proceso recomendado por la Asamblea General. Sobre esa base, Buenos Aires sostiene que las actividades hidrocarburíferas unilaterales en la zona menoscaban sus derechos de soberanía.

El Ejecutivo también rechazó la respuesta británica a las declaraciones del Presidente ante la Asamblea General de la ONU y cuestionó el uso de la denominación “Territorio Británico de Ultramar” para las islas. En la misma línea argumentó que el referéndum de 2013, no reconocido por la Argentina, no elimina la disputa de soberanía que Naciones Unidas ya registró.

Simultáneamente a la ofensiva diplomática y jurídica por los hidrocarburos, el Gobierno denunció operaciones aéreas entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, a cargo de la empresa "Thales Uk Limited". Según la Oficina del Presidente, los vuelos se realizaron con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. Tras detectar esas operaciones, Milei ordenó iniciar “de forma urgente” procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la compañía, además de las gestiones diplomáticas correspondientes. El Ejecutivo entiende que esa actividad aérea es otra manifestación de acciones británicas en el área sin reconocimiento de la jurisdicción argentina.

El avance hacia el arbitraje internacional se inscribe en las medidas que el Gobierno de Milei viene adoptando en el marco de la disputa de soberanía con el Reino Unido. Con el procedimiento previsto por la Convemar en marcha y un plazo fijo para que Londres responda a la intimación, el Ejecutivo anticipó que, si el Reino Unido no modifica su posición, llevará el planteo al TIDM para pedir medidas provisionales, mientras sigue la vía diplomática y administrativa frente a operaciones que considera ilegales.

“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que reconocen el derecho nacional e internacional”, sostuvo la Oficina del Presidente.