Cormick intimó al Ejecutivo a aplicar la ley universitaria en cinco días bajo apercibimiento de multas
El fallo judicial exige cumplir la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario y amenaza con sanciones diarias. Llega en medio de paros en la UBA y una marcha federal convocada para el 15 de octubre.
· 2 min de lectura Por Redacción Base Tucumán

El juez Martín Cormick ordenó este martes a la administración del presidente Javier Milei cumplir, en un plazo de cinco días, con la medida cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario en Argentina. La resolución advierte además que, si el Estado no acata lo dispuesto, podrán aplicarse multas diarias por cada jornada de demora.
"En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes -multas- por cada día de demora", indicó Cormick en su fallo.

Universidades y gremios docentes y no docentes mantienen su reclamo al Gobierno nacional. Según sus estimaciones, los salarios del sector requieren una recomposición del 31,2%. En la última paritaria, el Ejecutivo ofreció un 3%, una cifra que desencadenó paros escalonados y la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre, además de medidas de fuerza gremiales para exigir el cumplimiento de la ley.
Esta semana comenzaron los paros en distintas facultades de la UBA, de manera escalonada, y las medidas continuarán hasta la protesta de octubre, que tendrá su epicentro en el Palacio de Tribunales. El fallo dispone el "cumplimiento total" por parte del Poder Ejecutivo de la cautelar que ordena acatar la Ley de Financiamiento Universitario, en particular sus artículos 5 y 6, que establecen disposiciones vinculadas con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles. Con esa determinación, la Justicia intensifica la presión sobre el Ejecutivo, que arriesga sanciones económicas mientras la comunidad universitaria prepara su movilización federal.


