Malvinas renueva por cinco años permisos petroleros offshore y recrudece el pulso con Argentina
Con respaldo británico, las autoridades del archipiélago prorrogaron los permisos de hidrocarburos en alta mar y abrieron la puerta a dos años más, en plena escalada con el gobierno de Javier Milei.
· 4 min de lectura Por Redacción Base Tucumán
La administración británica del archipiélago de las Malvinas prorrogó por cinco años todas las licencias de hidrocarburos offshore vigentes, con posibilidad de sumar otros dos, en una decisión respaldada por el Gobierno del Reino Unido. La medida llega cuando crece el roce con la Argentina por la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
En las últimas semanas, el presidente Javier Milei impulsó medidas administrativas y judiciales contra empresas vinculadas a la exploración petrolera en la zona y envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en áreas que el país considera bajo su soberanía. El anuncio isleño también se conoció en vísperas del discurso que Milei pronunciará este miércoles ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde el reclamo por la soberanía de las Malvinas integra su agenda internacional.
De acuerdo con el gobierno de las islas, las licencias se encuentran en etapa de exploración y la prórroga dependerá de que las empresas cumplan satisfactoriamente con sus programas de trabajo. Durante el nuevo período se elaborarán planes ampliados que podrían incluir la perforación de nuevos pozos de evaluación para determinar con mayor precisión el potencial hidrocarburífero de las áreas. Cheryl Roberts, responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales de la Asamblea Legislativa de las islas, sostuvo que la extensión permitirá a los operadores continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas, y afirmó que los recursos serán desarrollados bajo estándares internacionales de seguridad y protección ambiental.
El paquete incluye además una resolución sobre el bloque PL001, vecino al área del proyecto Sea Lion: las autoridades aprobaron que Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera una participación del 65%, mientras JHI Falkland conservará el 35% restante. Sea Lion concentra buena parte del conflicto entre Argentina y las petroleras: el proyecto se ubica en la cuenca norte de las Malvinas, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, está liderado por Navitas Petroleum, con el 65% del capital, y Rockhopper Exploration, con el 35%, y ambas compañías sostienen contar con licencias válidas otorgadas por la administración isleña y mantienen activos sus planes de desarrollo.
El Gobierno argentino cuestionó el avance de Sea Lion y considera ilegítimas las autorizaciones otorgadas por las autoridades isleñas; la disputa también llegó a los tribunales nacionales. El 16 de septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar trabajos vinculados con el desarrollo del proyecto, incluidos los relacionados con perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la producción. La resolución respondió a una acción preventiva por posible daño ambiental presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) y la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas, aunque la propia naturaleza del conflicto plantea dificultades para hacer efectiva la medida fuera de la jurisdicción argentina.
Mientras la administración isleña avanza con la extensión de las licencias, el Ejecutivo de Milei profundizó su estrategia para impedir una explotación que considera ilegítima. La Casa Rosada presentó ante el Congreso un proyecto que busca ampliar las sanciones contra empresas, accionistas y otros actores que participen en actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina en áreas reclamadas por el país. En paralelo, la Justicia argentina abrió distintas actuaciones contra empresas y directivos vinculados con la actividad petrolera en las islas; entre las compañías alcanzadas aparecen Navitas y Rockhopper. Por su parte, el Reino Unido sostiene que las autoridades argentinas no tienen jurisdicción sobre las actividades desarrolladas en las islas y respaldó públicamente a las empresas que operan allí.
La prórroga suma un nuevo elemento a una disputa que combina soberanía, explotación de recursos naturales, reclamos ambientales y acciones judiciales. Las autoridades del archipiélago buscan dar continuidad a la actividad exploratoria; el Gobierno argentino, impedir que esos proyectos avancen y trasladar el conflicto también al Congreso y a los tribunales.
