Michel acusa al Ejecutivo de presionar provincias con el Presupuesto 2027 y $7,7 billones discrecionales

El Presupuesto 2027 que presentó el Gobierno nacional reactivó el roce con las provincias. Guillermo Michel, diputado nacional por Entre Ríos, sostuvo que el texto profundiza un esquema en el que la Nación delega gastos en transporte, educación e infraestructura sin acompañarlos con financiamiento, reduce las transferencias no automáticas y acumula recursos utilizables como palanca ante los gobernadores en pleno calendario electoral.

Michel difundió ese diagnóstico en una extensa publicación en X bajo el título «El látigo y la billetera». Allí describió un doble mecanismo de castigo provincial: por un lado, la asignación de responsabilidades sin fondos; por otro, la conservación de partidas presupuestarias que permitirían al Ejecutivo negociar asistencia financiera caso por caso. «Para perfeccionar el sometimiento, el gobierno se reserva partidas presupuestarias discrecionales que le permiten liberar recursos en negociación», afirmó.

El eje de la denuncia recae en la Jurisdicción 91, que pasaría de $5,6 a $14,8 billones. Dentro de ese rubro se encuentra el programa 99, «Otras Asistencias Financieras», con $7,7 billones: una partida que, según advirtió, no define metas físicas, carece de un artículo específico que la cree y tampoco establece criterios de distribución. «Es la plata con la que se 'auxilia' (y presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos para cumplir con los servicios públicos que, de facto, tiene que afrontar. Es la moneda de cambio para lo electoral en el año 2027», dijo. En el mismo sentido, exigió mayor claridad: «Hay un punto de discrecionalidad en el presupuesto, queremos que se especifique para qué va a ser esa partida».

El legislador respaldó su crítica con datos sectoriales. En transporte del interior, citó la eliminación del Fondo Compensador —que en 2023 alcanzó los $102.000 millones y asistía a 14.000 colectivos— en febrero de 2024, sin partida asignada para 2027. Frente a ese vacío, contrastó los $762.000 millones del Tesoro que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destina al fideicomiso SISTAU/SIFER. En materia docente, señaló que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que llegó a los $333.000 millones en 2023, no se abona desde 2024 y tampoco figura en el presupuesto venidero; el único instrumento residual sería el Fondo de Compensación Salarial, con $14.290 millones, cifra que calificó de «irrisoria».

En infraestructura, Michel advirtió que provincias y municipios deben sostener obligaciones con escasa asistencia nacional. Entre los datos que citó figuran 457 obras transferidas a distritos locales; traspasos de rutas nacionales por 20 años, con mantenimiento, obras y peajes incluidos; la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); la liquidación de Procrear y del Fondo de Vivienda Social; y una Función Vivienda con $26.000 millones, equivalente al 0,01% del gasto total. «Se sigue castigando a las provincias, por ejemplo no se está cumpliendo con el arreglo de las rutas», remarcó. Agregó que las transferencias de capital a las provincias caerán un 20% en términos reales durante 2027.

Michel también revisó la proyección de ingresos tributarios. Destacó alzas previstas en Combustibles (59,3%), Derechos de exportación (41,3%) y Derechos de importación (39,2%), pero cuestionó la repartición: «La Nación se queda con casi todo». Recordó que los derechos de exportación e importación no se coparticipan y que las provincias reciben apenas una cuarta parte de lo recaudado por el impuesto a los Combustibles; el saldo, según su planteo, permanece en el Tesoro y en fideicomisos que acumulan $1,1 billones sin ejecutar obra pública, en desacuerdo —dijo— con el destino que la ley prevé para esos fondos.

Por último, vinculó la discusión presupuestaria con la economía real y pidió políticas orientadas a impulsar la producción. «Hay que impulsar las economías regionales», sostuvo, y subrayó la relevancia de la industria, el comercio y la construcción. También denunció el efecto de la inflación medida en dólares: «La inflación en dólares en Argentina es la inflación más alta del mundo». Explicó que el aumento mensual de los gastos fijos erosiona el poder adquisitivo —«Por eso la gente se queda sin plata el 15 de cada mes»— y retomó el caso de los $7,7 billones de la Jurisdicción 91: «¿Para qué sirve? Es la plata con la que se 'auxilia' (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos. Es la moneda de cambio que el gobierno de LLA se guarda para sus deseos electorales en el año 2027».