Tucumán sanciona la ley de ejecución penal juvenil y encabeza la implementación del régimen nacional

La Legislatura de Tucumán aprobó en sesión especial —presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo— el proyecto que instituye el Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil y alinea la legislación provincial con la Ley Nacional N° 27.801. El resultado fue de 44 votos afirmativos y uno en contra.

Con esa sanción, Tucumán quedó como la primera jurisdicción del país en adecuar su marco legal al régimen nacional, que prevé un sistema de responsabilidad penal específico para quienes tienen entre 14 y 18 años y están imputados por la comisión de delitos. La norma provincial define cómo se ejecutarán, supervisarán y controlarán las medidas y penas que disponga la Justicia cuando su aplicación recaiga en organismos tucumanos, e incorpora un enfoque socioeducativo orientado a la integración social y a la disminución de la reincidencia.

La ley crea el Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, bajo el Poder Judicial, encargado del seguimiento de cada adolescente, del control del cumplimiento de las medidas judiciales y de la coordinación con instituciones vinculadas a la reintegración. Las penas privativas de libertad deberán cumplirse en establecimientos especializados para menores de 18 años; para ello se establece el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, destinado a la ejecución de penas y de determinadas medidas del nuevo régimen. Entre los objetivos del sistema figuran la responsabilización frente al delito, la integración social, la reducción de la reincidencia y la protección de víctimas y comunidad.

La iniciativa reunió cinco proyectos con aval de los tres poderes del Estado. Antes del recinto, la Comisión de Legislación General —presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse— analizó el texto en reuniones y mesas de trabajo con integrantes de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales y abogados especializados en las materias alcanzadas.

Vargas Aignasse subrayó el trabajo para adecuar la estructura provincial al régimen nacional y sostuvo que el propósito no puede reducirse a aplicar una pena. “Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo”, afirmó. Indicó asimismo que Tucumán ya dispone de dispositivos de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia que deberán adaptarse a las edades y condiciones que fija el nuevo régimen.

El legislador Mario Leito remarcó que la ley nacional es un primer paso y que cada provincia debe definir herramientas para una aplicación efectiva. “Una cosa es la ley sancionada, la baja de imputabilidad, y otra cosa es buscar la manera para la aplicación de la norma”, señaló. Durante el tratamiento provincial se estudiaron los cambios administrativos y procesales y la dependencia institucional del cuerpo de supervisores, que finalmente quedó bajo el Poder Judicial.

Agustín Romano Norri destacó que la norma nació de unificar cinco proyectos y la necesidad de incluir instrumentos de reinserción social y laboral. La legisladora Silvia Elías de Pérez, por su parte, enfatizó el carácter integral del régimen y la incorporación de políticas de prevención y acompañamiento, como educación, tratamiento de consumos problemáticos y atención psicológica.