Un fallo porteño sobreseyó a un adolescente de 14 años y reavivó el debate sobre la ley penal juvenil

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, salió al cruce de una resolución de la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional —para ese expediente— la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años imputado por tentativa de robo y dispuso su sobreseimiento. La funcionaria sostuvo que decisiones de ese tipo perjudican a la Justicia y a las víctimas.

“Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hace daño a la Justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo”, afirmó Monteoliva.

De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, dictó el fallo ayer. Declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801, que fija el régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años, y sobreseyó al acusado. La propia Justicia porteña aclaró que la decisión no suspende la vigencia de la nueva norma y se limita al caso concreto.

Monteoliva consideró que la legislación respondió a una deuda pendiente en materia de responsabilidad penal juvenil y cuestionó que un fallo judicial pueda dejar sin efecto su aplicación en un expediente particular. “Estoy en total desacuerdo con esa posición. Se le hace daño a los argentinos, no le hace bien a nadie, no le hace bien a la víctima ni tampoco al mismo perpetrador”, dijo. También elogió el trabajo de jueces y fiscales que, según indicó, acompañan las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno: “Tenemos jueces y fiscales tan valientes, tan valiosos. Trabajamos y avanzamos tanto, que realmente creo que este tipo de definiciones le hacen daño a la Justicia, le hace daño a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo y defendiendo”.

La ministra agregó que la respuesta frente a un adolescente acusado de un delito no debería limitarse a su liberación. “Sabemos que la solución no es dejarlo suelto, que siga cometiendo. No es por ahí”, afirmó. Ante la posibilidad de recurrir la decisión, respondió que deberán analizarse las herramientas jurídicas disponibles para modificar este tipo de situaciones.

El expediente se abrió después de que un hombre denunciara un intento de robo en el que habrían participado varios adolescentes. La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como robo simple en grado de tentativa. La defensa oficial planteó la inconstitucionalidad de la normativa y De Marinis hizo lugar al planteo para este caso: entendió que aplicar el régimen penal a un adolescente de 14 años implicaba una respuesta regresiva en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.

En su resolución, la magistrada citó las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en pronunciamientos anteriores recomendó a la Argentina mantener en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal. También sostuvo que la nueva regulación debía analizarse a la luz de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. Además ponderó las características concretas del hecho investigado y la situación personal y familiar del adolescente, y en lugar de avanzar por la vía penal ordenó dar intervención a los organismos de protección de derechos de la Ciudad para que se evalúen medidas de acompañamiento.

La sentencia provocó fuertes críticas de sectores vinculados con la seguridad y la Justicia. La organización Usina de Justicia presentó denuncias contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura porteño y en sede penal, donde planteó cuestionamientos sobre su actuación. Se trata, sin embargo, de presentaciones de esa organización y no de una conclusión judicial sobre la conducta de la magistrada.

El conflicto judicial anticipa una disputa sobre la baja de imputabilidad en Argentina y podría derivar en fallos similares o en una definición de tribunales superiores. En paralelo, Monteoliva negó formar parte de la mesa política del Gobierno y afirmó que concentra su actividad en la gestión del Ministerio de Seguridad. “No hago parte de la mesa política”, respondió al ser consultada sobre las diferencias entre dirigentes de La Libertad Avanza. Consideró que las discusiones y las distintas posiciones forman parte de la dinámica política y que lo importante es preservar los acuerdos sobre los objetivos centrales del Ejecutivo: “Las discusiones o las diferencias o las miradas distintas es lógico que ocurran. Lo importante es que lo de fondo, que el objetivo, haya consenso sobre eso”.