Sindicatos de universidades nacionales intiman por un 33,4% salarial y no descartan denuncias penales

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales (FSU) intimó al Gobierno de Javier Milei a concretar antes del 30 de septiembre una recomposición salarial del 33,4% para docentes y no docentes de las universidades públicas. En el mismo escrito pidió la convocatoria inmediata a la paritaria nacional y dejó abierta la posibilidad de presentar denuncias penales si venciera el plazo sin pago.

Las organizaciones que integran el frente —CONADU, FATUN, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT y UDA— sostienen que ese incremento surge de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Reclaman que la actualización se aplique con carácter remunerativo y bonificable, que se reabra la negociación paritaria y que bonificaciones y sumas no remunerativas queden incorporadas a los salarios fijados en las convenciones colectivas de trabajo, con participación de todas las organizaciones gremiales.

La norma, publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2025, fija en su artículo 5 la obligación del Poder Ejecutivo de actualizar los haberes de docentes y no docentes en las universidades estatales, dispone que los aumentos sean remunerativos y bonificables y establece la convocatoria obligatoria a la negociación paritaria nacional. La presentación del FSU fue remitida al Ejecutivo a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de la Secretaría de Educación.

Frente a un eventual incumplimiento, la intimación difundida por el frente advierte que, si el 30 de septiembre transcurre sin que se materialice el pago de la recomposición, las organizaciones podrían formular denuncias penales, informar la situación al tribunal que interviene en el expediente y solicitar que se individualice a los funcionarios que consideren responsables. El planteo se enmarca en la disputa por la aplicación efectiva de la Ley 27.795: el decreto de promulgación indicó que su ejecución quedaría sujeta a las condiciones previstas por la Ley 24.629 en materia de financiamiento y a la inclusión de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, mientras el Ejecutivo supedita los fondos a esa definición presupuestaria.

La falta de acuerdo alimenta la judicialización del conflicto. En paralelo al reclamo administrativo y judicial, el FSU ratificó la continuidad de su plan de lucha: la Marcha Federal Universitaria convocada para el 15 de octubre se mantiene confirmada, según informó el espacio sindical.

El conflicto por los salarios universitarios sumó así un nuevo capítulo en medio de los reclamos de docentes y no docentes por la recomposición de sus ingresos y por una nueva instancia de negociación paritaria con el Gobierno nacional, en un escenario en el que la tensión entre el cumplimiento legal reclamado por los gremios y las restricciones presupuestarias invocadas desde el Poder Ejecutivo amenaza con agravar la confrontación en las calles y en los tribunales.