Milei recurre en revocatoria y apelación el plazo judicial de cinco días sobre la ley universitaria

El juez Martín Cormick intimó al gobierno de Javier Milei a cumplir de manera total con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y le concedió cinco días para hacerlo. Advirtió que, de mantenerse el incumplimiento, podrá aplicar astreintes o multas diarias por cada jornada de demora.

La resolución, de fecha 22 de septiembre, sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la cautelar, ya firme. La medida obliga al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795: actualización salarial de docentes y no docentes universitarios y recomposición de los programas de becas estudiantiles. El artículo 5 contempla negociaciones paritarias periódicas y un mecanismo de actualización; el 6 dispone la recomposición de las becas.

Con la intimación, el expediente pasó a discutir no la vigencia de la cautelar sino si el Gobierno ejecutó efectivamente esas obligaciones y qué consecuencias tendría un eventual incumplimiento. Ante la resolución, la administración libertaria presentó recurso de revocatoria ante el mismo juez y dejó planteada apelación en subsidio si se mantiene la intimación; por ahora el legajo no fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

“Realizamos una presentación ante la Justicia ratificando que el Poder Ejecutivo Nacional ha cumplido con la medida cautelar, acompañando la documentación que acredita dicho cumplimiento”, expresaron desde el oficialismo. Sobre esa base pidieron dejar sin efecto la intimación y el apercibimiento de multas. La defensa cuestionó que Cormick no haya precisado qué parte de la cautelar considera aún incumplida: el escrito sostiene que el Ejecutivo informó el 21 de septiembre las medidas adoptadas y que la nueva resolución no identifica qué obligación adicional debería ejecutar.

En lo salarial, Nación sostiene ante la Justicia que los incrementos desde diciembre de 2023 sumaron un acumulado del 226,8% en el período de referencia y que, con ese cálculo, superó el 226,46% de variación del IPC aplicable entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. Incorporó además las negociaciones de este año: en junio otorgó una recomposición salarial y en septiembre convocó de nuevo a paritarias, con un aumento adicional propuesto del 3%. Los gremios universitarios rechazan el cálculo oficial y afirman que persiste una recomposición pendiente.

La contienda también abarca las becas. Capital Humano aportó documentación sobre la actualización del programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual este año quedó en $187.495, mientras el Estado mantiene una lectura restrictiva sobre qué otros programas caen bajo la cautelar. Según su interpretación, las transferencias, resoluciones salariales, actas paritarias y papeles sobre becas acreditan el cumplimiento.

El gobierno de Milei impugnó asimismo la eventual aplicación de astreintes, argumentando que no corresponde imponer ese tipo de sanciones económicas contra el Estado Nacional, y pidió que Cormick revoque intimación y apercibimiento. Solicitó que, si rechaza la revocatoria y concede la apelación subsidiaria, lo haga con efecto suspensivo para que la intimación no siga ejecutándose mientras la Cámara analiza el planteo.

La cautelar que obliga a aplicar los artículos 5 y 6 fue dictada en diciembre de 2025, confirmada después por la Cámara y quedó firme cuando la Corte Suprema rechazó en junio el recurso extraordinario del Estado; esa cuestión no volvió a estar en debate. El próximo paso depende de Cormick: si acoge la revocatoria, podrá dejar sin efecto la intimación; si la rechaza, deberá resolver la apelación subsidiaria y si la concede con el efecto suspensivo pedido por el Gobierno. Solo entonces el planteo quedará listo para revisión de la Cámara.